La Asamblea Nacional venezolana sancionó este jueves el proyecto de Ley de Regulación del Sistema de Ventas Programadas, que será remitido al Ejecutivo para su promulgación en Gaceta Oficial.

Diosdado Cabello, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Comisión de Administración y Servicios Públicos, reiteró que la norma regulará el mecanismo de ventas programadas de vehículos, productos de línea blanca y marrón, para evitar el incumplimiento de los contratos por parte de esas empresas.

Bajo esta modalidad de compra, en Venezuela más de 16.000 familias fueron víctimas de estas empresas, quienes con mecanismos de captación, muchas veces fraudulentos y ofertas engañosas, prometían facilidades para la adquisición del bien mueble, así como precios y formas de pago accesibles, pero a las que nunca le fueron entregados los vehículos y artículos por los cuales habían pagado por meses y años.

El diputado Cabello, manifestó que “nosotros no estamos en contra de este procedimiento, porque hay personas que no tienen otra forma para comprar un vehículo. Lo que queremos es que cuando la empresa no se vaya a ir con la plata del comprador o compradora y que la persona sepa a quién acudir en caso de que haya una irregularidad”.

Cabello expresó que en la actualidad existen unas cinco mil denuncias por estafas en compras programadas.

“No estamos en contra del sistema de ventas programadas, sino en contra de quienes se valen de la necesidad de los venezolanos para hacerles trampa y no entregarles lo que han pagado religiosamente. Esta ley obligará a que cumplan las reglas del juego y asegurarle a la gente que compra a través de este sistema que no será estafado”, refirió Cabello al inicio de la discusión del proyecto.

La norma contempla la prohibición de modificar de manera unilateral el contrato, mecanismo que frecuentemente es usado por algunas de estas empresas. También se establece el capital mínimo con el cual deberán operar las compañías que se creen bajo el sistema de venta programadas.

En el caso de las empresas de ventas programadas de bienes muebles distintos de vehículos, tendrán un capital mínimo inicial pagado en efectivo de dos millones de bolívares, mientras que las de carros deberán contar con un capital mínimo de 20 millones de bolívares (4.6 millones de dólares).

Prohibiciones y sanciones

Una de los beneficios que aporta  esta ley es que los precios en los contratos de compra programada de vehículos o cualquier otro bien no podrán ser “actualizados”.

En el artículo 8 de esta Ley, referido a las prohibiciones, dice que ningún contrato de venta programada puede contener cláusulas que establezcan la utilización de algún mecanismo de actualización de precios distintos a los fijados en el contrato de venta programada de bienes muebles e inmuebles. Las compañías de bienes muebles que no entreguen los artículos en el lapso previamente establecido en el contrato serán sancionadas con multas equivalentes al triple del valor del bien respectivo.

Si reinciden en esta irregularidad, serán sancionadas con multa de cinco veces el valor del bien no entregado y el cierre temporal, por un lapso de 90 días continuos.

Las organizaciones que operen sin la debida autorización serán multadas con el pago de 5 mil unidades tributarias y el cierre inmediato del establecimiento.

Las empresas de ventas programadas debidamente constituidas que no presenten su estado financiero al ministerio correspondiente serán sancionadas con una multa de 1.500 unidades tributarias.

En Venezuela se conoce como “ventas programadas” a cualquier acto comercial a través del cual el comprador adquiere un bien (mayormente vehículos, inmuebles o electrodomésticos) bajo un contrato que le permite parcelar los pagos en cómodas cuotas. En muchos de los casos, compradores presentaron denuncias de incumplimiento de contrato por parte de las empresas, incluyendo cambios en las cuotas de pago preestablecidas, o incumplimiento en la entrega del inmueble luego de haber pagado las cuotas acordadas.

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AVN/ Prensa-Embajada venezolana en EE UU/ 8 de diciembre de 2011