Por Embajador Bernardo Álvarez
Artículo de opinión publicado en la página web de la revista Foreign Policy el 29 de julio de 2010. Si desea imprimir el artículo, por favor visite la página Web original
¿Está el presidente Álvaro Uribe tratando de impedir que su sucesor llegue a la paz con Venezuela?
Cuando Luis Alfonso Hoyos llegó a la reunión regional el jueves 22 de julio, le hubiese hecho bien recordar que, desde que el entonces secretario de Estado estadounidense Colin Powell presentó la supuesta evidencia de armas de destrucción masiva en Irak ante el Consejo de Seguridad de la ONU en 2003, los estándares para las revelaciones teatrales de “inteligencia” se han puesto más exigentes. Mostrar simplemente unos pocos mapas y fotos ya no convence a nadie, mucho menos cuando las implicaciones son tan serias como las que Hoyos estaba argumentando: que Venezuela ha estado apoyando a grupos insurgentes colombianos.
Sin embargo, Hoyos, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), siguió con su presentación. Habló durante casi dos horas sobre los méritos de la guerra del presidente colombiano Álvaro Uribe contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entretanto, acusó a Venezuela de albergar a ambos grupos en su territorio. Cuando ya todo estaba dicho y hecho, no probó más que el hecho de que Uribe está tratando desesperadamente de obstaculizar un posible reacercamiento entre los dos países vecinos.
A primera vista, la supuesta “evidencia” de Colombia era ridícula, tal como lo ha sido en anteriores ocasiones cuando se han producido acusaciones similares. Hoyos mostró fotos de insurgentes de las FARC y afirmó que se encontraban en campamentos dentro de territorio venezolano. ¿La prueba? Una bandera extraviada y una botella de cerveza venezolana (difícilmente una incuestionable evidencia geográfica). Posteriormente, mostró locaciones de mapas de Google sobre supuestos campamentos de las FARC en el lado de la frontera venezolana. Pero, nuevamente, Hoyos no pudo demostrar que los insurgentes de las FARC o del ELN realmente estuviesen allí, o que alguna vez hubiesen estado. Más importante, no tuvo evidencia concreta de que la supuesta presencia de estos grupos contaba con la aprobación de las más altas esferas del gobierno venezolano.
Venezuela nunca ha negado que los 2.300 kilómetros de frontera que comparte con Colombia sean permeables o difíciles de asegurar. Durante las seis décadas de conflicto interno colombiano, refugiados, criminales y sí, insurgentes, se han movido entre los dos países, lo que ha dejado a funcionarios venezolanos la nada envidiable tarea de no sólo proteger a los colombianos que escapan de la violencia, sino también tratar de detener el flujo de narcotráfico y contrabando. El hecho de que miembros de las FARC y el ELN, al igual que paramilitares de derecha, crucen la frontera no es un escándalo para nadie. Tampoco prueba que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, les esté abriendo las puertas del país. Talvez el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, lo haya dicho mejor: “Uribe dice que no sabe por qué Venezuela no detiene a los guerrilleros, cuando lo cierto es que Colombia tampoco los controla”.
Ante todo esto surge la siguiente pregunta: A falta de evidencia concreta, ¿por qué Bogotá escogió este momento (justo semanas antes de la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, el 7 de agosto) para acusar a su vecino de esta acción injusta?
Ese es el verdadero misterio, no la localización de los insurgentes. Desde que Juan Manuel Santos fue electo para suceder a Uribe a finales de junio, tanto él como el gobierno venezolano han expresado la voluntad de abrir discusiones para normalizar las relaciones bilaterales. No obstante, el momento de las acusaciones de Uribe parece indicar que el presidente saliente está buscando atar las manos de su sucesor, especialmente con respecto a Venezuela.
También hay una perspectiva más amplia a considerar. En meses recientes, el presidente de Estados Unidos, Barck Obama, indicó que volvería a presentar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, que permanece estancado, al Senado de Estados Unidos. Tal como lo probó el gobierno de George W. Bush, no hay mejor manera de vender algo al Congreso que avivando el miedo (fue así exactamente como Bush presionó para que se concretara en Tratado de Libre Comercio con Centroamérica en 2005: argumentando que Venezuela era una amenaza regional). Actualmente, el gobierno de Obama podría estar haciendo lo mismo. Las más recientes acusaciones de Colombia también sirven convenientemente para desviar las preocupaciones generadas por el record de derechos humanos de ese país, lo cual ha sido un factor para la paralización del TLC.
De hecho, la verdadera amenaza a la región viene de Washington, no de Caracas. El Congreso de Costa Rica recientemente autorizó la entrada al país de 46 buques de guerra estadounidenses y 7 mil marines para supuestas operaciones humanitarias y contra el narcotráfico desde este momento hasta el 31 de diciembre, lo que ha generado preocupaciones de que el gobierno de Obama está militarizando la región innecesariamente. Pocos meses atrás, el gobierno firmó un controversial acuerdo de defensa con Colombia que dio a tropas y funcionarios de defensa estadounidenses acceso a siete bases en esa nación. Todas estas instalaciones militares están ubicadas al este de Colombia, cerca de la frontera venezolana. El supuesto apoyo de Venezuela a insurgentes colombianos ha sido utilizado para justificar dicha expansión militar en el pasado y esta nueva ola de acusaciones puede hacer lo mismo otra vez.
Venezuela no tuvo otra opción que romper relaciones con Uribe luego de estos recientes señalamientos. Tristemente, estos son solo los últimos de una serie de intentos de Colombia de desestabilizar la región. En marzo de 2008, fuerzas colombianas entraron a territorio ecuatoriano, donde se afirmaba una vez más estaban escondidos miembros de las FARC. La firma del acuerdo de defensa Estados Unidos-Colombia se ha sumado a la tensión regional.
Tal como lo declaró Chávez, las puertas permanecen abiertas para avanzar hacia la normalización de relaciones con Santos. Sin embargo, esto requiere que América Latina finalmente tenga una discusión seria sobre las repercusiones regionales del conflicto de Colombia, especialmente militarismo exagerado del gobierno de Álvaro Uribe y el apoyo de Estados Unidos. ¿Acaso el daño colateral que sufre la región vale las ganancias en materia de seguridad en las ciudades de Colombia? ¿Esas ganancias son al menos sustentables? ¿Cuál es la verdadera situación de seguridad en las áreas rurales de Colombia? ¿Cuáles son las consecuencias regionales de la crisis humanitaria de Colombia? ¿La paz es una posibilidad real?
Venezuela ha insistido en que es necesario un enfoque político para lidiar con la insurgencia y desenredar verdaderamente el conflicto colombiano y sus múltiples capas. El 23 de julio, Chávez nuevamente exhortó al grupo insurgente de las FARC a reconsiderar su estrategia armada. Solo una solución política razonable con participación regional ayudará a poner fin al terrible conflicto que sufre nuestra hermana nación, así como a aliviar la presión en el área fronteriza. Estos puntos son la base del plan de paz que Venezuela presentó en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito, el jueves.
Las relaciones entre Venezuela y Colombia siempre han sido complejas y dinámicas, pero ambos países han encontrado maneras para coexistir y cooperar pacíficamente. Chávez hizo un compromiso para apoyar el comercio entre ambas naciones, por lo que éste alcanzó niveles históricos antes de que fuese suspendido el año pasado en respuesta a las acciones agresivas de Uribe. Asimismo, el Presidente ha trabajando intensamente para promover la paz en Colombia. Sin embargo, la actuación de Hoyos en la OEA fue un desesperado intento por envenenar cualquier reacercamiento entre ambos gobiernos. Aún más preocupante, Uribe ha buscado limitar las opciones de Santos una vez que asuma la presidencia, un intento para envenenar aguas futuras. En resumen, el presidente saliente de Colombia pateó la mesa, en lugar de sentarse a hablar honestamente con un país vecino.
Foto: Larry Luxner
